Para garantizar una correcta investigación, la clasificación adecuada del delito, la reparación del daño y el apoyo integral a las víctimas, se busca unificar la definición del delito de feminicidio en todo el país. Así lo dio a conocer la diputada federal, Laura Cristina Márquez Alcalá.
Actualmente, el marco legal en México se encuentra fragmentado: cada entidad federativa tiene su propia definición sobre qué constituye un feminicidio, así como variaciones significativas en las sanciones y en los esquemas de reparación.
Ante este panorama, la legisladora federal por Acción Nacional explicó que se trabajó en una propuesta de Ley General. Dicha iniciativa ya fue ingresada formalmente y la diputación permanente de la Cámara de Diputados la ha turnado para su respectivo análisis y discusión.
«Los objetivos de esta propuesta: el primero es la prevención. Nosotros estamos pensando en que no nada más debe ser un tema de castigo y una cuestión punitiva o penal, sino que debe darse también la política de prevención; por eso es la distribución de competencias entre Federación, estado y municipios.
Por otro lado, es la de la sanción: abatir la impunidad justo cuando se da, eh, un lamentable caso como el feminicidio.
Y el tercer objetivo sería el de la reparación a las víctimas, a las familias que se quedan sin una mujer.»
Prevención como eje central de la iniciativa
La diputada precisó que la principal apuesta de esta nueva Ley General es la prevención, mediante acciones que involucren coordinadamente a los tres niveles de gobierno.
En este rubro, se considera fundamental impulsar la creación de organismos que permitan analizar la problemática por regiones para establecer estrategias puntuales. Estas medidas preventivas incluyen:
Detección temprana y mapeo de riesgos.
Atención y acompañamiento institucional continuo.
Ejecución de acciones inmediatas ante los primeros signos de violencia.
Reparación integral del daño para las familias
En el caso de la reparación del daño, Márquez Alcalá expresó que la iniciativa busca dar un respaldo contundente a los niños, jóvenes y padres que perdieron a su madre o hija, quien en la mayoría de los casos también fungía como el principal soporte moral, emocional y económico de la familia.
Por ello, la propuesta subraya la obligación de garantizar a las víctimas indirectas:
Apoyos económicos y ayudas sociales.
Acompañamiento médico y atención psicológica especializada.
La propuesta de Ley General será analizada a detalle por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Una vez dictaminada, pasará al pleno para su análisis final y votación.
